Defender la universidad pública más allá de los lacitos verdes
Desde el día 15 de mayo un grupo de estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid permanecen pacíficamente encerrados en el Rectorado. Denuncian la expulsión de 3.1 00 estudiantes que no pueden hacer frente al último pago de la matrícula y exigen una solución no sólo para el problema inmediato sino para un futuro próximo en el que nuevos estudiantes se encontrarán en la misma situación. Su acción reivindicativa vuelve a poner sobre la mesa que el Consejo de Gobierno de la UCM con su rector a la cabeza han elegido doblegarse a las exigencias de un gobierno Central y autonómico que pretende un nuevo modelo de universidad pública en el que no habrá cabida para los estudiantes con rentas bajas.
En ese nuevo modelo, que ya se recoge en la propuesta del documento Universidad 2015, la universidad pública será una institución regida y gobernada por y bajo criterios empresariales. El rector insiste una y otra vez que él sólo gestiona y entiende por tal cuadrar el déficit. Se olvida constantemente de que él es un cargo político que está al servicio de la comunidad universitaria (alumnos, profesores y personal administrativo y de servicios) y no al servicio de la Comunidad de Madrid cuyo único interés es destruir la universidad pública en beneficio de las universidades privadas.
El Rector y el Consejo de Gobierno de la UCM han optado por aplicar los recortes argumentando que, de lo contrario, la CAM intervendría la universidad. Con este argumento han puesto en marcha un proceso que no se atrevería a implementar la CAM y que nos conduce inevitablemente a una Universidad Pública raquítica, sin recursos, de mala calidad, cara y cada vez con menos alumnos. Se apostará por las enseñanzas más rentables y las que no se irán extinguiendo, se permitirá que las empresas se beneficien de las investigaciones y patentes a bajo costo parasitando, como en la salud, el capital social producido por la universidad, los servicios externalizados más caros se verán reducidos a la mínima expresión, los alumnos y sus familias se verán obligados a un sobre esfuerzo que no tendrá compensación en el mercado de trabajo y los que tengan recursos suficientes optarán por la universidad privada con sus bolsas de trabajo y relaciones capaces de ofrecerles un futuro profesional.
Con menos alumnos la Universidad Complutense no necesitará tantos profesores y tampoco la mayoría del personal administrativo y de servicios actual. Los recortes de este año son sólo el preámbulo de las amputaciones que sufriremos el próximo curso.
Defender la universidad pública implica exigir una financiación adecuada y priorizar la posibilidad de que los alumnos puedan acceder a ella. Repartir la miseria, gestionarla, no es la tarea de un rector. Se necesita una política de becas propia de la universidad basada en criterios de renta y no en la meritocracia pues esta última dará como resultado un retroceso en la igualdad y la universalidad de la educación pública devolviéndonos a los mejores tiempos del franquismo en la que no había lugar para los hijos de los trabajadores en la universidad.
La UCM necesita una financiación adecuada, no gestionar la miseria.
Los miembros de la comunidad universitaria (alumnxs, profesorxs, personal de administración y servicios, personal de contratas y autoridades académicas) asistimos día a día a los graves problemas que afectan a la universidad a consecuencia del drástico recorte en su financiación y la aprobación de leyes y reales decretos que atentan contra el principio de universalidad de la educación y el derecho al trabajo.
Partiendo de este hecho, no cabe duda que la defensa de la universidad pública es tarea de todxs y por eso conviene poner el acento en la importancia de cómo hacerlo.
La plataforma de trabajadorxs de la UCM, desde sus inicios en el año 2011, marcó unos objetivos muy claros como los pilares básicos para la lucha por la universidad pública, objetivos que fueron consensuados con las distintas plataformas creadas en las universidades públicas madrileñas y recogidos en un manifiesto común aprobado el 16 de mayo de 2012. La lucha se centraba en la retirada de leyes y reales decretos que atentan contra el derecho al trabajo y la educación puestos en marcha por el gobierno nacional y de la comunidad de Madrid y la exigencia de una financiación pública que garantice realmente los recursos, medios e infraestructuras necesarios para el mantenimiento, desarrollo y mejora de la universidad en tanto que institución pública, autónoma, democrática y de calidad.
En el caso concreto de la UCM, entendemos que ponerse a la cabeza de la defensa de estos objetivos debería ser una prioridad para el Rector y su equipo de gobierno, pero por desgracia, hemos asistido a una política rectoral encaminada únicamente a un reparto de la miseria que implica la aceptación de los recortes y la visión de la financiación universitaria como un gasto y no como una inversión.
El rechazo continuo y manifiesto de la mayor parte de la comunidad universitaria a esta política rectoral, apoyada en todo momento por los órganos de decisión de los distintos centros, ha llevado también a diferentes prácticas para intentar acallar y/o encauzar las protestas y movilizaciones hacia esta política, afianzando estrategias de división entre los distintos colectivos y llegando incluso a permitir la represión policial como han sido las intervenciones de policía antidisturbios en el campus de Somosaguas.
Si reflexionamos sobre cómo defender la universidad pública debemos plantearnos que organizar y estructurar una lucha pacífica no tiene nada que ver con doblegarse y aceptar que “hay que repartir lo que hay” asumiendo éste como el único escenario posible. Esto podrá resolver problemas puntuales (mantenimiento de alumnos con problemas para pagar sus matrículas, prórrogas temporales de algunos contratos laborales tanto de PDI (Personal docente e investigador) como de PAS (Personal administrativo y de servicios), mantenimiento temporal del personal de las contratas externas, pago de retribuciones….) Problemas muy importantes a los que las autoridades académicas deben dar solución en sintonia con las reivindicaciones que la mayoría de la comunidad universitaria a la que representan les reclaman y de forma paralela encabezar y permitir que la lucha por la universidad pública se centre en los objetivos a largo plazo antes señalados.
¿Hasta cuándo podrá la universidad hacer frente a problemas puntuales? ¿Qué pasará cuándo ya no haya más miseria que repartir? ¿Estaremos dispuestos a seguir admitiendo como inevitable la expulsión masiva de estudiantes, los despidos masivos de trabajadorxs, la precarización laboral, el deterioro de los edificios y los servicios de administración…? ¿Aceptaremos que la supervivencia de la universidad pública esté en manos de una minoría que pueda pagar sus tasas y empresas que conviertan los derechos de todxs en negocio?
Tal vez algunos piensen que “ya vendrán tiempos mejores”… pero mientras tanto ya se habrá implantado un nuevo modelo universitario que no será ni de todxs ni para todxs y nos habremos constituido como una comunidad fácil de manejar, de callar y de aguantar lo que nos echen.
Documento resumen
PRESUPUESTOS UCM 2012
